El coste de la paja se ha elevado hasta un 40% en España y amenaza con encarecer los productos alimentarios. El sector ganadero reclama ayudas urgentes como las que disfrutan las explotaciones francesas

La sequía en buena parte de Europa ha conllevado un constante incremento del precio de la paja de cereal en España, por la que cada vez tienen que pagar más los ganaderos, hasta un 40% más, y que encima corre el riesgo de escasear todavía más si se confirman las previsiones de mala cosecha. «Si el Gobierno no toma medidas» de apoyo a los ganaderos, «va a ser un desastre» y está en riesgo «el futuro de mucha gente», ha advertido, en declaraciones a Efe, David Díaz, uno de los profesionales que se dedica a la venta de paja. El alza de precios, aparejada al incremento del coste de los carburantes, puede desembocar en un alza de los precios de los alimentos.

La demanda de paja se ha incrementado, ya que prácticamente no queda forraje y además en esta campaña los pastos naturales han sido muy escasos por la sequía. Los ganaderos pagan en la actualidad alrededor de 100 euros por tonelada de paja en Salamanca o 95 en Ávila, las provincias de Castilla y León con más demanda por su mayor cabaña ganadera que depende de este producto. En Andalucía se pueden pagar hasta 140 euros por tonelada y en Galicia hasta 130.

Los precios son entre un 30% y un 40% por ciento más altos sobre el coste habitual de la paja, ha explicado David Díaz, que comercializa paja en varios países de Europa. El año pasado buena parte de la paja almacenada en España se vendió en otros países de Europa, donde había gran demanda por la sequía, con lo que más de la mitad de las existencias estaban vendidas cuando en el presente año comenzó a aumentar la demanda para la ganadería española. Además, las perspectivas de la cosecha de este año no son buenas y en comunidades como Andalucía o Extremadura apenas saldrá paja cuando se recolecte el cereal. En Castilla y León, la principal Comunidad productora de cereal, si no llueve en condiciones en unos diez días, será también un año «flojo» de paja, ha señalado Díaz. Este profesional ha alertado de que pese al mal momento que atraviesa la ganadería, por el incremento de costes de producción y los bajos precios que perciben los ganaderos, en un futuro próximo estos altos precios de la paja pueden parecer incluso baratos.
Al respecto, ha comentado que en Francia les parecía caro cuando la pagaban a unos 90 euros por tonelada, pero el precio ha llegado a los 180 euros en ese país, aunque en su caso sí que cuentan con ayudas del Gobierno, algo que por el momento no sucede en España.

Pedro Molina, presidente de Agate, valoró en La Trapera el drama del sector primario de las islas por las políticas de recortes de los Gobiernos estatal y canario y acusó a Arias Cañete, Ministro de Agricultura, y a Juan Ramón Hernández de faltar al respeto a los productores canarios al acordar un encuentro para estudiar partidas económicas para el campo canario en septiembre cuando los presupuestos estatales se cierran en junio.

Molina explicó que el POSEI es un programa europeo de ayudas creada hace viente años, que por un lado trajo consigo que la importación de carne de la UE venía a las islas con derecho a una subvención que cobraba el importador y la que procedía de países terceros no recibía ningún tipo de ayuda, pero en cuanto a las producciones locales, hablamos de ayudas que tienen que recibir los productores de las islas para poder competir con las ayudas que tienen los importadores por las carnes, leche y queso del entorno de la UE.

Hablamos de que para ello el Gobierno canario maneja una cantidad que ronda los 127 millones de euros, de los cuales una parte de ese importe está destinada a la importación y otra que va destinada a las ayudas a las producciones locales, dinero que el ejecutivo regional tiene cada año a su disposición desde el 1 de diciembre para hacer los pagos, lo que ocurre es que siempre retrasan los pagos hasta el 30 de junio, causando un daño importante a los productores.

Recuerda que hace algunos años se tomó el acuerdo de crear una figura nueva de ayudas por parte del Estado a modo de presupuestos complementarios a la ficha financiera del POSEI, que tenía que ser cubierta con fondos estatales y regionales. En este sentido, indicó que en 2009 esas ayudas representaron una aportación de ambos gobiernos de 23 millones de euros, lo que ocurre es que el gobierno canario no puso toda la parte que le tocaba, causando un quebranto importante a los productores de leche de cabra de las islas porque incluso a fecha de hoy sigue debiendo un 5% de ese dinero que les correspondía.

Sobre estas ayudas correspondientes a 2010, recuerda que el Gobierno estatal puso otros 23 millones de euros tras un acuerdo con CC para la aprobación de los PGE, sin que el gobierno regional tuviera vinculada ninguna cantidad, por lo que el ejecutivo de Paulino Rivero no puso la parte que le correspondía, de modo que los agricultores y ganadores de las islas a día de hoy todavía no han cobrado ni siquiera la parte que aportó el Estado, aunque por los trámites que se están haciendo se pagarán a mediados de junio. Sobre los presupuestos de 2011, indicó que ni Gobierno estatal ni canario han puesto la parte que les correspondía.

Molina criticó duramente que los gobiernos estatal y canario hayan llegado a un acuerdo en los últimos días para estudiar en septiembre si sobra dinero para las ayudas, puesto que argumenta que si alguien es invitado a comer y cuando llega no hay nada sobre la mesa, como es evidente no podrá comer, ya que si los presupuestos se cierran en junio, no habrá acuerdo posible en septiembre porque estará todo cerrado.

El presidente de Agate afirma que es triste que a lo único que se comprometa el Gobierno canario es a exigir a los contribuyentes todo lo que la Ley le permita, sin embargo no garantizan que las políticas que tiene que hacer el ejecutivo se vayan a poner en marcha.

Se acabó lo que se daba. La crisis está en todas las esquinas pero a unas las ha deteriorado más que a otras. En el grupo de esquinas que peor se ha defendido en las Islas ante la frialdad económica de los cuatro últimos años, se halla, sin lugar a dudas, la actividad acuícola marina, que, y esto hay que recordarlo, se vendió en Canarias, por políticos y empresarios, como la panacea y el campo de acción inversora con mejor futuro. Se dijeron muchas tonterías por gestores públicos que leían papeles facilitados por técnicos y asesores, entre éstas la previsión de alcanzar 50.000 toneladas de producción acuícola por año (jamás se ha superado el umbral de 9.000 toneladas), de dorada y lubina, en el horizonte de 2016. Es lo que afirmó, por ejemplo, la exconsejera canaria de Agricultura Pilar Merino (del PP), y también lo que recalcó su sustituto en el cargo, el nacionalista Domingo Berriel. Hoy, con Juan Ramón Hernández al frente de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, todo es diametralmente diferente, sobre todo porque el esfuerzo ya no se centra en invertir en acuicultura, sino en recuperar, a través de expedientes de reintegro, el dinero público concedido, principalmente de la UE, a proyectos fallidos. La cifra es de escándalo, porque, según fuentes a la que ha tenido acceso este periódico, de los fondos estructurales del IFOP (septenio 2000-2006) y del llamado Fondo Europeo de la Pesca (FEP), el vigente (2007-2013), Canarias (la gestora de las subvenciones) ha dilapidado nada más y nada menos que unos 40 millones de euros, que es la cifra, euro arriba euro abajo, que la Viceconsejería de Pesca y Aguas hoy está obligada a reclamar a los inversores con granjas abandonadas.

Ya se puede decir que la recuperación de esos fondos no sólo será difícil, sino que, en muchos de los casos, por no decir en todos, será imposible. Así que hay 40 millones de euros de dinero público que quizás ya nadie saque del cubo de la basura. Para sólo aportar una fotografía de cómo hoy está este singular patio, basta ceñirse a lo que ha ocurrido en la provincia tinerfeña, donde de las 16 granjas marinas instaladas para la producción y el engorde de dorada y lubina sólo están en activo, o sea, atendidas, cuatro. Y lo mismo, o parecido, en la provincia de Las Palmas. La acuicultura canaria ha reventado antes y con más intensidad de cómo ha ocurrido en el resto de España. La culpa de ello, en primer lugar, hay que hallarla en la inexistencia de políticas relacionadas con la acuicultura, su implantación y su desarrollo singular en Canarias. Otra vez se ha fallado, y el error se paga con un coste público de 40 millones, dinero que es muy probable que ya no asome por sitio alguno.

Tal y como se refleja en la información gráfica que se acompaña en estas páginas, que utiliza como fuente oficial la Junta Nacional Asesora de Cultivo Marinos (Jacumar) y el Ministerio de Agricultura, en Canarias, como en España, pero en las Islas con una intensidad mucho más frenética, se ha dado la vuelta a la tortilla.

En las Islas, las curvas que definen la evolución de la producción marina y en cautividad de las especies dorada y lubina caen en picado en el último año con datos cerrados y difundidos, que es el de 2010. Si los hubiera de 2011, la tendencia sería la misma, sobre todo porque es evidente que el abandono de unidades de producción en aguas cercanas a la costa del Archipiélago ha sido de locura en el último año y en lo que va del actual.
Así tenemos que la oferta de dorada, la especie que peor se defiende en los mercados, con muchos competidores, sobreoferta y precios con pérdidas para las Islas (que casi todo lo debe comercializar en mercados externos, principalmente en Península), ha pasado de una producción máxima por año en Canarias de 4.576 toneladas, en el año 2006, a la cota de 2.664 toneladas para 2010, lo que supone la pérdida del 40% de la oferta engordada para esta especie en granjas marinas radicadas en aguas canarias.

Estas estadísticas demuestran que en el último lustro los empresarios canarios de la acuicultura marina han decidido especializarse en la lubina, con más posibilidades de introducir en los puntos de venta, sobre todo si se trata de tallas grandes, donde Canarias tiene ventajas comparativas. Este hecho justifica que, para el periodo 2006-2010, la oferta de lubina en Canarias haya crecido el 45%, lo que representa pasar de una producción de 2.229 toneladas en 2006 a 3.219 en 2010. Pero, como se puede observar en las mismas curvas, de 2009 a 2010, se ha pasado de producir 4.795 toneladas de lubinas (año récord y el ejercicio económico en que se superó por primera vez a la dorada) a 3.219 toneladas en 2010, con una caída del 33% en ese único año.

Por lo tanto, se puede decir que la lubina ha aguantado mejor la crisis, pero ya también se encuentra afectada de lleno, como se percibe en el fortísimo retroceso que se produce en 2010. Todo esto es bien sencillo de explicar: no hay venta o la que se produce es con pérdidas no compensadas en su totalidad por las ayudas a la comercialización del Posei-Pesca, y ello, unido a las dificultades de ser competitivos en los mercados externos y a que la actividad es de elevadísimo riesgo, condena al cese del engorde. Y en ésta ahora estamos, e incluso parece que sin opción de retornar a la mejor época, que ya no será el futuro que dibujó el Plan Regional de Ordenación de la Acuicultura para Canarias (PROAC), con el bien conocido umbral de 50.000 toneladas de pescado de crianza en el año 2016. De esto nada. Ahora sólo queda esperar para ver qué es lo que se salva de lo que hubo, que igual habrá hasta que empezar de nuevo, y no sólo en el mar, sino también en tierra, ya que las plataformas de comercialización vinculadas a esta actividad, entre otras Acuimarca y Dylcan, también se hallan en una situación muy delicada, delicadísima? Es el efecto dominó que termina por llevarlo todo al suelo.

Se las prometían felices

En el año 2009, ya se produjo la primera gran señal de alarma. En ese ejercicio, la pesca extractiva que practica la flota canaria (la que tiene puerto base en las islas y descarga en instalaciones del Archipiélago) generó más riqueza en la Comunidad Autónoma que la actividad acuícola de dorada y lubina. Se dio la vuelta a la tortilla. Esa conclusión se extrae de datos oficiales difundidos por la Viceconsejería de Pesca del Gobierno de Canarias a través de su web corporativa. Según los parámetros ofrecidos por Pesca, que tienen su origen en estadísticas obtenidas a partir de la primera venta, la oferta de pescado (suma de fresco y congelado) dio lugar a una cifra de negocio en 2009, en primera transacción y a precios corrientes, de 33 millones de euros, lo que significó 5,5 millones más que el valor total atribuido a las actividades acuícolas desarrolladas en el mar, que alcanzaron la cota de 27,5 millones. Esta cifra, en niveles de 2007, es algo superior a la del año 2008.

Tal y como se recoge en las tablas confeccionadas por la Viceconsejería de Pesca, en 2009 la pesca extractiva superó en valor de la producción y en toneladas ofertadas a la acuicultura, actividad que obtuvo como balance de 2009 una oferta absoluta de 8.003 toneladas. En cambio, la pesca extractiva, para descargas en fresco y congelada, llegó a las 16.700 toneladas, con una cifra de negocio de 33 millones de euros. En términos relativos, la actividad extractiva de los pesqueros locales a lo largo de 2009 supuso el 54,5% del valor total de las descargas en primera transacción, mientras que la oferta acuícola marina copó el 45,5% restante.

Señal de alarma

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación del Gobierno de Canarias, la entonces dirigida por el PP y Pilar Merino, no las tuvo todas consigo en la primavera del año 2010. A los intentos, todavía hoy frustrados, de conseguir un incremento global de la ficha financiera anual del conocido como Posei-Pesca (programa comunitario de aplicación en las regiones ultraperiféricas que a Canarias da 5,8 millones de euros por año, hasta 2013), se unió entonces el rechazo frontal de los productores pesqueros (cofradías y OPP del archipiélago, entre ellas Anacef) a la propuesta cursada por la Viceconsejería de Pesca canaria, cuyo titular era Francisco López, de quitar 600.000 euros al año de las partidas de apoyo comunitario para la pesca extractiva con el objeto de pasarlos a los capítulos del Posei-Pesca relacionados con la acuicultura, actividad que en las Islas ya pasaba por mal momento. Esta maniobra, en su día abortada, es una prueba de que Pesca ya sabía entonces que las cosas iban mal, bastante mal? Pero de cara a la opinión pública no pasaba nada: se vendían las lindezas del PROAC y sus 50.000 toneladas de pescado de crianza para 2016. Y los voceros eran Merino y Berriel.