Honda preocupación por la posibilidad de quiebra de explotaciones en todas las islas
Santa Cruz de Tenerife, 5 de octubre.- Representantes de Grupo Capisa y del Partido Popular de Canarias coinciden en que es urgente que se habilite una partida de ayudas directas a los ganaderos de las islas y evitar así el cierre en pocos meses de multitud de granjas.
El encarecimiento de la alimentación animal y del precio de la luz, junto a la caída de ventas por el Covid, o la negativa de las grandes superficies a subir los que pagan a los ganaderos por sus productos, arrinconan a las explotaciones profesionales desde finales de 2020. La situación es crítica.
Estas es la principal conclusión del encuentro celebrado la pasada semana en el Parlamento canario entre el director general de Grupo Capisa, Samuel Marrero; la consejera del Grupo María José Etala, y el secretario regional de los Populares, Pedro Suárez; el presidente tinerfeño del PP y alcalde de Los Realejos, Manuel Domínguez; el diputado regional y miembro de la Comisión de Agricultura del Parlamento de Canarias (al igual que Manuel Domínguez), Juan Manuel García Casañas, y el consejero del Cabildo de Tenerife, Valentín González Évora.
Además de la línea de ayudas puntuales, se coincidió también en que “es necesaria una mejor planificación y gestión pública yendo de la mano del sector”. Se da la circunstancia de que la semana pasada se aprobó por todos los grupos políticos con representación en la Cámara autonómica una Proposición No de Ley (PNL) en esta misma línea.
Preocupación
Durante la reunión con los Populares, Samuel Marrero informó con detalle a cargos del PP acerca de la situación económica de gran parte de las explotaciones canarias, que arrastran, además, a las empresas productoras de piensos y a otras actividades como el comercio especializado en el sector primario (almacenes de piensos, ferreterías o vendedores de maquinaria y equipamiento ganadero).
Los representantes populares dijeron compartir la “honda preocupación por la situación de la ganadería canaria” y pidieron algunas aclaraciones acerca de la aplicación de la actual normativa. Juan Manuel García Casañas y Valentín Évora, preguntaron, entre otros asuntos, por los detalles de la tramitación del REA por ganaderos y fabricantes de piensos, así como por la suspensión de la compensación al transporte vigente desde comienzos de 2021.
Ayudas directas
En cuanto a la fórmula para que las ayudas fueran más eficaces, valoraron con Grupo Capisa si era más conveniente que fueran directamente a los ganaderos o a los productores de piensos, coincidiendo ambas partes en que la ayuda directa al ganadero sería la fórmula más justa y eficaz.
Valoraron “el gran potencial que tiene la ganadería para diversificar la economía canaria y su capacidad para mejorar el autoabastecimiento, además de generar industria y empleo”.
Al tiempo, compartieron los temores porque “la actividad pueda quedar definitivamente tocada” por la coyuntura actual.
70 por ciento
El director de Grupo Capisa hizo hincapié en que los costes de alimentación representan al menos el 70 por ciento de lo que cuesta mantener una granja: “Súmenle la subida de la luz y los costes por el endeudamiento y verán cómo la actividad no es rentable”.
En Grupo Capisa, agregó Marrero, “no queremos subir los costes de los piensos, de hecho, hemos absorbido parte de esas subidas, lo que nos ha llevado en algunos casos a tener a pérdidas. La realidad es que el precio de los cerales y los fletes han subido muchísimo y no prevemos que esto cambie a corto plazo.
Hay que entender que las fábricas de piensos necesitan que las ganaderías vayan bien. Si cierran las granjas, ese mismo día cerrarán los productores de piensos como nosotros”, apostilló.
Además de los asuntos más urgentes, se trataron dos temas más de suma importancia para el sector: la gestión de los residuos ganaderos y las dificultades que se plantean a nivel administrativo para la legalización o la obtención de permisos de las granjas.
Para el director general de Grupo Capisa, “actualmente es imposible cumplir la normativa de residuos, porque las administraciones no disponen de infraestructuras de tratamiento y, además, tenemos todas las dificultades del mundo si es la iniciativa privada la que quiere ponerlas en marcha”.
En cuanto a la legalización de las explotaciones explicó que “igual que existen iniciativas como una ventanilla única empresarial, cuando se quiere poner en marcha un negocio o una industria, también debería existir para la tramitación del expediente para instalar una granja o legalizar una ya existente.
Un itinerario -explicó- claro, sencillo y que dé seguridad jurídica. Hay gente que quiere invertir en ganadería en Canarias, pero no se atreven ante la maraña legal y administrativa”, concluyó.