El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, señaló hoy en el Parlamento que el Anteproyecto de Ley del Suelo prima al sector primario, «atiende sus demandas y le ayuda en su desarrollo y mantenimiento, y, lo más importante, les permite realizar actuaciones urgentes y el uso complementario de las instalaciones en las que desarrollan su actividad».
El Consejo de Gobierno aprobaba el lunes el anteproyecto de Ley del Suelo, que fue analizado por el Ejecutivo regional y los representantes del sector primario al día siguiente. «Integrantes de organizaciones agrícolas y ganaderas, de productores, y las Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) manifestaron que, a falta de ver el borrador en profundidad, estaban bastante de acuerdo con las líneas que se habían seguido», manifestó Quintero.
Durante su intervención en Comisión parlamentaria, el consejero agradeció la atención que, según indicó, le ha prestado al sector primario el equipo redactor. «Estoy seguro de que, una vez finalizado todo el trámite tendremos un texto que solventará muchos de los problemas a los que se enfrentaban nuestros productores, tanto agricultores como ganaderos», indicó el responsable del Departamento.
«Lo primero que le transmitimos, tanto a la responsable de la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, como al equipo redactor, fue la necesidad de facilitar y flexibilizar el uso de los suelos al mismo tiempo que se protege y conservan los espacios y suelos más valiosos, como el rústico, algo en lo que ya estaban trabajando y así se ha reflejado», explicó el miembro del Ejecutivo.
El texto aprobado en Consejo de Gobierno mantiene las tres clases de suelo con especial atención al suelo rústico, una de las pretensiones de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, de forma que todo suelo no urbanizable o urbano es rústico, lo que invierte el criterio de la Ley 1998, «algo que nos parece de suma importancia».
El borrador, además, contiene una ampliación y una mayor precisión de los usos ordinarios admisibles con enfoque no artesanal sino profesional e industrial, es decir, nuevos usos agrarios, ganaderos, piscícolas, forestales y cinegéticos, una demanda que el sector viene trasladando al Departamento autonómico desde hace tiempo.
Asimismo, se satisface otra de las pretensiones de productores agrícolas y ganaderos, la ampliación de los usos aptos para generar rentas complementarias, algo que beneficiará, por ejemplo, al subsector vitivinícola, entre otros, que pedía diversificar el uso de sus bodegas. «Y, lo que es más importante, el nuevo texto acomoda normas de aplicación directa a la realidad del sector; así, por ejemplo, hasta ahora los invernaderos eran considerados instalaciones no provisionales cuando son provisionales, tal y como se recoge en el anteproyecto, de esta forma, los agricultores se perdían en una maraña de licencias que, ahora, ya no serán necesarias», aclaró Quintero.
Otra de las demandas de la Consejería fue la reducción de los trámites a la hora de realizar una actuación en las explotaciones, aspecto que está también reflejado. Ahora, las obras menores se podrán ejecutar en el momento y no esperar a la emisión de una serie de licencias que son necesarias en este momento.
La legalización de muchas de las explotaciones ganaderas existentes se ha convertido en un problema que esta ley solventa. Así, en una situación de fuera de ordenación, se establece la garantía de uso consolidado, de forma que se legaliza esa actividad y se pueden realizar las obras para cumplir con las normas imperativas, algo que actualmente no es posible.